María de la Cruz
Martín Concepción es una señora de 65 años de edad. Reside en la central
provincia de Villa Clara. Uno de los territorios cubanos con más alto índice de
envejecimiento poblacional en Cuba. Algunos familiares y vecinos no la pierden
de vista. Está decidida a quitarse la vida si no se soluciona la situación en
que vive.
Asegura que ha
perdido la ilusión de vivir. La muerte ha jugado con ella en varias ocasiones. Su
corazón ha experimentado tres infartos. También padece de Cardiopatía isquémica,
Neuropatía Diabética, Hipertensión Arterial, entre otras dolencias propias de
su edad, agudizadas por una alimentación deficiente.
Martín
Concepción está en crisis con la diabetes y la presión arterial. Hace tres
meses que no compra los medicamentos que le controlan sus padecimientos. Entre
los fármacos Glibencamida, Cartopril, Nitropental, Dipiridamol y otros, debe
gastar cerca de 100 pesos mensualmente en moneda nacional para comprarlos.
Fatalmente el
general Raúl Castro, ahora mandamás, le quitó los 198 pesos (unos 7 dólares)
que recibía de pensión por asistencia social. Para tratar sus dolencias bebe
infusiones elaboradas con plantas medicinales y de la caridad de otras personas
que le regalan una que otra pastilla.
Su esposo José
Felinciano Fernández, de 72 años de edad casi se muere a causa de una
obstrucción intestinal, complicada con una peritonitis, recientemente. Él devenga una pensión mensual de algo más de
200 pesos (alrededor de 7 dólares).
Hace tres años
un funcionario estatal que conducía una
moto rusa marca Ural con sidecar impactó el
carretón tirado por caballo que conducía Felinciano y le provocó una
fractura craneal con afectación en el sistema auditivo. Además padece de una
hernia abdominal.
El conductor de
la moto estaba bajo los efectos del alcohol y se dio la fuga. Finalmente la
policía lo encontró. Arnaldo estuvo grave por varios días en un centro
hospitalario.
La vista oral
por el accidente fue un “juego arreglado”. El acusado, es decir el que impactó
por la parte trasera al carretón tenía “padrinos” y dinero. Salió ileso y
Arnaldo fue sentenciado a pagar una multa.
La vivienda de
estos ancianos, ubicada en Callejón del Salado S/N y Circunvalación del reparto
Brisas del Oeste, en Santa Clara, provincia de Villa Clara está inhabitable.
Una funcionaria
de la Empresa de Vivienda Municipal nombrada Minerva la diagnosticó en estado
de derrumbe total.
María y Arnaldo
ahora pernoctan en la casa de una hija que consta con un cuarto, cocina y baño.
Residen además su yerno, nieto y esposa.
Raúl Fernández, un
testaferro paramilitar que ocupa el cargo de Coordinador de la zona. Connotado
organizador de turbas y miembro de las llamadas Brigadas de Respuestas Rápidas
que actúan generalmente contar activistas de derechos humanos visitó la morada
y dijo a los ancianos que reunieran dinero para tramitar madera para la
reparación de la casa.
María envió
misivas a las diferentes instancias del Gobierno y el Partido en Villa Clara.
Un señor que se
identificó como delegado del Poder Popular en la zona analizó la situación de
la vivienda y dijo que no podían pasar un minuto más en ella porque en
cualquier momento el techo les caería encima. También expreso que ellos no poseían
propiedad de la vivienda por lo que estaban catalogados de ilegales, a pesar de
vivir allí por más de 20 años.
El funcionario
aseveró que sin propiedad no podía gestionarles subsidio para la reparación de
la vivienda.
Mientras María espera
por la respuesta expresa que no va a tener que suicidarse para acabar con su
odisea porque con mala alimentación y sin medicamentos su corazón no resistirá
un cuarto infarto.
Elaborado por Yoel Espinosa Medrano
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